El agro argentino ha demostrado, una y otra vez, su capacidad para innovar, adaptarse y sostenerse incluso en los contextos más adversos. Pero hay un límite que no depende del clima, ni de los mercados, ni de la tecnología: depende de las reglas del juego. Y una de esas reglas, desde hace más de veinte años, sigue condicionando nuestro desarrollo.

Hoy, los derechos de exportación no solo recaudan. También impiden. Impiden invertir, arriesgar, proyectar. Impiden sembrar una agricultura regenerativa, cuidar el suelo, capturar carbono, agregar valor. Impiden que la ciencia se traduzca en transformación. Y ese freno invisible que condiciona al productor y limita al país, es parte del verdadero costo que esta columna intenta poner sobre la mesa.

En la Argentina, los DEX se han convertido en uno de los principales factores de desincentivo para el desarrollo del sector agroindustrial. Su aplicación, sujeta a vaivenes políticos, ha sido más un parche fiscal que una herramienta estratégica.

Desde comienzos de los 2000, el campo ha trabajado bajo un régimen de retenciones que no distingue entre campañas buenas o malas, aún en contextos de crisis climáticas severas, como los años de Niña que golpearon con fuerza al corazón productivo del país. Lo que nació como una herramienta de emergencia, terminó convirtiéndose en una política fiscal sostenida en el tiempo, que asfixia a productores, frena inversiones y limita el potencial de crecimiento del país.

Es cierto: eliminar los derechos de exportación implicaría una merma en la recaudación inmediata del Estado. Según un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario, esta fue estimada en cerca de USD 8.000 millones en 2023, lo que representó alrededor del 11 % de toda la recaudación nacional. Pero esa cifra es solo la punta del iceberg que suele utilizarse como justificación para sostener el esquema vigente. Pero… ¿qué pasa si miramos más allá?

Si observamos a escala regional, el impacto es más tangible: solo en la provincia de Entre Ríos, los productores perdieron USD 522 millones de ingresos en la campaña 2023/24 por retenciones a soja, maíz y trigo, según el CEER. Esa cifra equivale a la compra de más de 3.000 máquinas agrícolas que no se realizaron, y a cientos de inversiones postergadas.

El verdadero costo no está solo en lo que el Estado dejaría de recaudar, sino en todo lo que el país deja de ganar. La discusión no debe limitarse a cuánto pierde el Estado en términos de recaudación inmediata, sino a cuánto deja de ganar la Argentina toda por sostener una herramienta fiscal regresiva y profundamente injusta.

Además, claro está que el campo argentino, hoy líder en el mundo de materia de sistemas sustentables, eficientes y tecnificados, siempre apostó al desarrollo de la actividad reinvirtiendo su rentabilidad. La reinvierte en maquinaria, en tecnología, en genética, en investigación, en su gente. Cada peso retenido es un peso menos en innovación, en arraigo rural, en generación de empleo directo e indirecto, en agregado de valor local.

Pero el impacto más profundo, y menos visible, es el que se da bajo nuestros pies. Literalmente. Un costo más invisible, aunque estratégico: el que impide al país invertir seriamente en salud de suelos y en una agricultura regenerativa.

La Red de Carbono de Aapresid, en colaboración con Syngenta, concluyó que los suelos argentinos necesitan generar en promedio 6,3 t de biomasa seca/ha/año (equivalente a 2,45 t de carbono) para mantener los niveles actuales de carbono orgánico en el suelo (COS), y para lograr los niveles alcanzables, la biomasa debe crecer un 11 % más, hasta unos 7,4 t de materia seca/ha/año, o incluso entre 11 y 13,7 t/ha/año en regiones más exigentes.

Entonces, para generar al menos 7,4 toneladas de biomasa seca por hectárea por año para mejorar sus niveles de carbono orgánico se requiere inversiones adicionales estimadas entre 70 y 150 dólares por hectárea, en tecnologías como cultivos de servicio, siembra directa, monitoreo de carbono y sistemas de manejo eficiente del agua.

A escala nacional, hablamos de más de 2.300 millones de dólares al año para sostener una transición hacia sistemas más resilientes y sustentables. Sin embargo, con 3.070 millones de dólares retenidos cada año en concepto de DEX solo en granos, ese flujo de inversión queda contenido, pospuesto, diluido. Es valor que no se ve, pero se pierde.

Las retenciones, tal como están hoy, funcionan como un freno para que la agricultura regenerativa escale. Desincentivan la adopción de nuevas tecnologías, restan recursos a la investigación y obligan al productor a priorizar la supervivencia económica por sobre la sustentabilidad de largo plazo. Eliminar las retenciones es permitir que el agro invierta en lo que mejor sabe hacer: innovar, mejorar procesos, cuidar el suelo, producir más y mejor. Es apostar a una agricultura que no solo genere divisas, sino que sea protagonista de la regeneración ambiental.

La ciencia está. La tecnología también. El compromiso del productor, ni hablar. Pero se necesitan reglas estables, incentivos claros y una política fiscal que acompañe. Porque liberar al agro de las retenciones no es un beneficio sectorial: es una política de desarrollo nacional. Es dejar de frenar lo que podría estar impulsando aún más, a toda la economía argentina.

Transformar lo transitorio en estructural es un desafío que no puede resolverse de un día para el otro. Pero sí puede empezar a construirse. Con diálogo, con consensos, con visión compartida. Porque lo que está en juego no es un impuesto más, sino el modelo de producción y desarrollo que queremos para la Argentina.

El verdadero costo de las retenciones no está solo en las estadísticas fiscales. Está en todo lo que dejamos de sembrar cuando frenamos lo que ya está listo para crecer.

El futuro está ahí, listo para sembrarse y conservarse. Solo hay que sacar el pie del freno.